Urnas y Crimen: Democracia de Papel en Territorios Secuestrados

Comparte, difunde, cuestiona...

INVESTIGACIÓN

Urnas y Crimen:

Democracia de Papel en Territorios Secuestrados

Mariana Ramírez Rengifo

Cuando hablamos de democracia, solemos pensar que basta con celebrar elecciones periódicas para legitimar el poder, pero tras la apariencia de urnas limpias puede esconderse una oscura simbiosis entre quienes deberían velar por el bien común y las estructuras criminales que, desde México —donde el 48% de los municipios padece control criminal según datos de El Universal (2023)— hasta Mozambique, moldean territorios enteros al margen del Estado de derecho. En ese sentido, resulta engañoso aferrarse al consuelo de “al menos tenemos democracia” cuando son los narcos quienes deciden alcaldes y milicias quienes imponen su ley, pues ese ritual electoral —definido por O’Donnell (1994) como democracia meramente procedimental— garantiza únicamente el cambio de manos del poder, pero no que éstas sirvan a los intereses de la ciudadanía, ni que la ley se aplique con la misma severidad al gran empresario del narcotráfico que al vendedor ambulante.

De la misma manera, en países donde el Poder Judicial es débil, las policías “alquiladas” y los fiscales miran al cielo, las instituciones se convierten en cascarones que legitiman gobiernos que, tras ganar las urnas, se entregan al crimen, perpetuando la corrupción como sistema: financian campañas con fondos de padrinos oscuros, alimentan una impunidad estructural —que convierte al homicidio en un negocio rentable cuando en zonas como el Catatumbo o el estado mexicano de Guerrero apenas se esclarece el 17% de los casos según Human Rights Watch (2025)—, y dejan amplias zonas donde quien cobra impuestos no imparte justicia, tal y como sucede en regiones mexicanas donde, a pesar de la alternancia partidista, los narcos infiltraron fiscalías y hoy controlan la agenda política.

Frente a este panorama, podemos mirar a Uruguay como contrapeso: un país donde las instituciones funcionan, los jueces encauzan a ex presidentes y las escuelas resisten al clientelismo, probando que “elecciones + Estado de derecho” equivale a una democracia resiliente, mientras que “elecciones + vacío institucional” se convierten en caldo de cultivo para gobernanzas criminales.

Esta misma paradoja se reproduce con crudeza en Colombia, donde la parapolítica de 2006 expuso que 51 congresistas, incluidos presidentes del Senado y cercanos a Uribe, pactaron con las AUC para imponer candidatos con pistola y dinero, renovar favores mediante contratos públicos y garantizar impunidad (El Tiempo, 2008), demostrando que las elecciones fueron formales —votos contados y partidos compitiendo—, pero que el Estado de derecho fue literalmente secuestrado.

En Medellín se replica esta doblez institucional, pues mientras la Alcaldía exhibe prácticas innovadoras y un presupuesto participativo bajo elecciones limpias, organizaciones como las Oficinas de Envigado y el Clan del Golfo deciden qué policía entra a cada comuna, quién accede a subsidios y en qué momento se puede hacer campaña con el “permiso” de las bandas, de modo que las instituciones municipales conviven con poderes paralelos que amenazan a líderes comunales si no atienden sus órdenes.

Como advirtió O’Donnell (2004), “sin Estado de derecho, la democracia es un banquete para depredadores”.

El contraste entre Bogotá y Buenaventura lo resume todo: en la capital, pese a sus defectos, existen fiscalías que avanzan contra la corrupción, jueces que sentencian a expresidentes y una prensa que denuncia escándalos; en el puerto pacífico, sin embargo, Shottas y Espartanos vienen siendo los “planificadores urbanos”, como alerta Human Rights Watch, dibujando una realidad donde la ley la escribe el más fuerte con plomo.

De todo ello se desprenden tres lecciones universales: primero, las elecciones no curan las heridas de la violencia si no hay una verdadera justicia transicional; segundo, la descentralización sin controles se convierte en botín para redes criminales; y tercero, el Estado de derecho necesita presencia territorial: donde no llegan jueces, maestros o acueductos, irrumpen los narcos con su “ley” paralela.

Según Indepaz (2025), en Colombia se han registrado 23 masacres en lo que va del año, mientras que Human Rights Watch (2025) documenta que más de 400 defensores de derechos humanos han sido asesinados desde 2016, evidenciando la fragilidad institucional que permite que el crimen organizado dispute el monopolio legítimo de la violencia al Estado.

La solución, pues, no es renunciar a la democracia electoral, sino robustecer el Estado de derecho con tribunales verdaderamente autónomos, una prensa imbatible y contralorías con dientes, todo ello acompañado de una sociedad civil alerta que exija transparencia, no migajas clientelares. Solo así podremos abandonar la tontería de confundir rito con derechos reales y edificar democracias musculares, aquellas cuyos cimientos se forjan en instituciones que funcionan cuando nadie mira, jueces que tiemblan solo ante la ley y ciudadanos que creen en la justicia más que en el caudillo que les regala una tinaja.

Mientras en Michoacán (México) o en el Bajo Cauca de Antioquia un niño siga creyendo que el narcotraficante es más poderoso que el juez, la verdadera paz no será más que un espejismo.