¿Nos tratan como idiotas o realmente somos idiotas?
¿Nos tratan como idiotas o realmente lo somos?
Una vez captada la atención del lector, es necesario aclarar que será él, y solo él, quien podrá responder la pregunta del título. Lo que sí puede afirmarse desde el principio es que ambas posibilidades no se excluyen: pueden coexistir, alimentarse mutuamente y, en el peor de los casos, la segunda puede ser el producto deliberado de la primera.
La vida en sociedad está atravesada por múltiples factores: las redes sociales, la política, la religión, la educación, la familia. Aquí se abordarán los dos primeros, no porque sean los únicos relevantes, sino porque constituyen hoy el binomio más eficaz para moldear voluntades a escala masiva.
La política, entendida como el modelo de organización colectiva que se concibe casi como el único posible, requiere para su funcionamiento de ciertos pactos: ceder el uso legítimo de la fuerza al Estado, aceptar que en ese acuerdo alguien saldrá desfavorecido, y convivir con esa desventaja como si fuera natural. Esta última condición es precisamente a la que más se ha acostumbrado la sociedad contemporánea, y su normalización no es producto del azar: es el resultado de una voluntad política que la cultiva y de una ciudadanía que no la cuestiona. Ambos factores convergen y se complementan, legitimando el poder de quienes lo detentan.
Cuando un grupo social no se identifica ni con la ideología dominante ni con la postura contestataria, sino que asume una actitud apática e indiferente, esa apatía termina siendo funcional al orden establecido. La indiferencia no es neutralidad: es una forma de consentimiento pasivo. La historia demuestra que la voluntad política ha sido capaz de movilizar recursos humanos y materiales para construir lo que parecía imposible: pirámides, catedrales, imperios, mega obras de infraestructura. Si esa voluntad pudo tanto en el pasado, ¿por qué no podría resolver hoy los problemas más urgentes de la población? La respuesta incómoda es que sí puede, pero no quiere. Lo que consigue es siempre lo que se propone: no solucionar la coyuntura, sino administrarla para perpetuarse en el poder.
En la sociedad globalizada, la coyuntura no se resuelve, se explota. Los actores políticos han aprendido a hacer creer que los ciudadanos viven por encima de sus posibilidades, que son ellos “los de abajo” quienes deben sacrificar su escaso o inexistente excedente para sostener el circo geopolítico. Con ese relato, reactivan el instinto de supervivencia: le quitan dignidad al ciudadano y lo convierten en alguien que lucha individualmente por salir de su situación con las pocas herramientas que el propio sistema le entrega.
El movilizador más eficaz en este esquema es el miedo. Vender miedo es construir un problema; ofrecer al político como solución es vender el antídoto. La gente no comprende del todo cómo funcionan sus propias emociones, y eso la hace más fácil de manipular. Existen cientos de estudios de neurociencia aplicados a la comunicación política: movimientos corporales, gestos, palabras y tonos calibrados para activar el cerebro emocional e instintivo antes que el racional. Porque si bien los ciudadanos saben lo que piensan, rara vez controlan lo que sienten, y las decisiones se toman, en su mayoría, desde ese plano afectivo.
Los arquetipos políticos funcionan bajo esta misma lógica. Una figura como la del vengador (que promete castigar al enemigo y restaurar el honor herido del pueblo) puede resultar poderosa en un momento de conflicto y hartazgo. Pero el inconsciente colectivo no es estático: cuando la sociedad está exhausta de la guerra, ese mismo arquetipo se convierte en un lastre. El astuto actor político sabe cuándo mutar, cuándo vender al pacificador en lugar del combatiente. La campaña no ocurre solo en la superficie; ocurre en el subconsciente colectivo, moldeándolo lentamente.
Hoy, las redes sociales son el principal formador de la opinión pública y del llamado “pensamiento crítico”. El problema es que ese pensamiento no suele ser ni propio ni crítico. Es más cómodo repetir las ideas del influencer político de turno, creerle a un meme o difundir una noticia falsa que buscar una fuente primaria, leerla y, peor aún, comprenderla. Este analfabetismo funcional, combinado con la velocidad y facilidad con que las redes difunden información, tiene consecuencias concretas y medibles en la política latinoamericana. Basta con que una figura de autoridad publique que el salario mínimo de Colombia es de los más altos del mundo, o que una imagen muestre el bajo nivel del impuesto al valor agregado en Europa, para que miles de personas incorporen ese dato en su discurso cotidiano y lo defiendan con vehemencia sin haber hecho una sola verificación.
Quien maneja la información tiene poder. Y si se entiende el poder en su definición más básica como conseguir que el otro haga algo que no haría por su propia voluntad, entonces el control de la narrativa digital es hoy la forma más sofisticada y eficiente de ejercer ese poder. Los datos que los ciudadanos entregan voluntariamente en las plataformas, sus miedos, sus deseos, sus afiliaciones, sus horarios, sus vínculos, han construido un mapa de vulnerabilidades individuales que la política sabe leer y explotar. Ya no existe un solo mensaje para las masas: existen miles de mensajes segmentados, uno para los jóvenes, otro para la clase media, otro para el adulto mayor, todos diseñados para seducir con verbos de acción, ganar, transformar, cambiar, mezclados con un “tú” que hace sentir al receptor que el llamado es personal, urgente, intransferible.
Esta es la primera vez en la historia en que existe tanta información y tan accesible. Paradójicamente, esa abundancia no ha producido ciudadanos más informados, sino más confundidos y más fáciles de conducir. El sistema ha logrado algo notable: convencer a los ciudadanos de que los problemas colectivos tienen soluciones individuales. El desempleo es falta de esfuerzo personal. La pobreza es consecuencia de malas decisiones. El fracaso es tuyo, no del modelo. Las redes sociales refuerzan esta lógica al definir estándares de prosperidad inalcanzables para la mayoría. Han caído casi todas las instituciones de referencia, la iglesia, el partido, el sindicato y en su lugar quedan el centro comercial, el tablero de Pinterest, la tendencia en TikTok y el feed de Instagram como espacios de sentido y pertenencia. Así, el ciudadano transformado en consumidor deja de hacer preguntas colectivas y empieza a gestionar su propia marca personal. La emancipación social se pospone indefinidamente mientras cada individuo está ocupado optimizando su perfil.
Volviendo a la pregunta inicial: ¿nos tratan como idiotas o realmente lo somos? La respuesta más honesta es que hemos sido sistemáticamente educados para serlo. No por deficiencia intelectual, sino por un proceso sostenido de empobrecimiento del pensamiento crítico, saturación informativa, explotación emocional y desactivación de la conciencia colectiva. El idiotismo contemporáneo no es ignorancia espontánea: es una construcción rentable. Requiere inversión en neurociencia aplicada, en algoritmos de segmentación, en arquetipos que apelen al inconsciente. Requiere, sobre todo, que el ciudadano nunca llegue a sospechar que está siendo conducido.
Y mientras el debate público se agota en memes, escándalos y figuras del odio fabricadas con precisión quirúrgica, las decisiones que afectan la vida real de millones se toman en espacios a los que ese mismo ciudadano jamás tendrá acceso. La única salida no es individual, no radica en leer más, informarse mejor o consumir menos redes, aunque todo eso ayuda. La salida es política en el sentido más profundo, se concentra en recuperar la capacidad de reconocerse como parte de un colectivo con intereses comunes, de hacer preguntas incómodas en voz alta y de negarse a que el miedo sea el único idioma en que se habla de futuro. Mientras eso no ocurra, la pregunta del título seguirá teniendo, para vergüenza de todos, una respuesta doble.

Daniel S. Vásquez Cardona
@daniel.vc28
Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante del máster en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia.