Son casi las nueve de la noche. Una mujer se baja del bus dos cuadras antes de su casa y camina rápido, con el celular guardado en el brasier y las llaves ya en la mano. No mira a nadie a los ojos. Al llegar a la puerta voltea dos veces antes de abrir. Cuando por fin pone el cerrojo, respira. Al otro lado de la ciudad, el señor de la tienda de la esquina saca de la caja el billete de cada semana y lo dobla en cuatro. Nadie le ha dicho a quién se lo paga exactamente. Sabe que si no lo paga, cierra. O algo peor.
Ninguno de los dos ha leído un programa de gobierno. Pero si alguien les pregunta qué necesita este país, es muy probable que respondan lo mismo. Mano dura.
Quien pide mano dura tiene miedo, y ese miedo tiene razones. Vivir con la sensación de que la calle pertenece a otros, de que la justicia llega tarde o no llega, de que el Estado solo aparece para cobrar, desgasta a cualquiera. Despreciar ese miedo, llamarlo ignorancia o manipulación, es perder la conversación antes de empezarla. La pregunta que me interesa es otra. Por qué, de todas las respuestas posibles al miedo, la que nos parece más evidente es el castigo.
Esa evidencia tiene historia. En el siglo XIX, mientras las ciudades se llenaban de pobres, médicos y juristas europeos empezaron a tratar al delincuente como una especie aparte. Cesare Lombroso sostuvo que el criminal llevaba la marca en el cuerpo. En América Latina esas ideas se mezclaron con el miedo de las élites a las masas indígenas, negras y campesinas, y dejaron instalada una creencia que todavía nos habita. Hay gente que nace mala, y frente a ella la ley sobra.
Colombia ha recorrido varias veces el mismo camino. En 1953, después de años de una violencia que había llenado de muertos los campos, el general Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder. Mucha gente lo recibió con alivio, y el dirigente liberal Darío Echandía lo llamó “golpe de opinión”. Rojas prometió paz y orden. Hubo una amnistía, pero también censura de prensa, estudiantes asesinados en Bogotá en 1954 y una violencia que siguió viva en muchas regiones. En 1957 el mismo país que lo había aplaudido salió a la calle a pedir que se fuera.
En 1978 el gobierno de Julio César Turbay expidió el Estatuto de Seguridad, que permitía juzgar a civiles en tribunales militares. La promesa era derrotar a la subversión. Quedaron miles de detenciones y denuncias de tortura que una misión de Amnistía Internacional documentó, mientras las guerrillas siguieron creciendo durante la década siguiente.
A comienzos de este siglo llegó la política de seguridad que dominó dos gobiernos, y aquí hay que decir algo que quien defiende la mano dura sabe muy bien. Los homicidios y los secuestros bajaron de manera pronunciada. Hubo carreteras que volvieron a recorrerse y pueblos que dejaron de vivir con toque de queda. Esos resultados fueron reales. También lo fue la factura. En medio de la presión por mostrar resultados, miles de civiles fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate. Los llamamos falsos positivos. Eran muchachos pobres, de los mismos barrios y pueblos donde el miedo pedía mano dura. Ese periodo deja una pregunta en dos partes. Qué se ganó, y quién pagó por ello.
Ese es el patrón. Un miedo real, alguien que promete acabar con él de un golpe, una sociedad que entrega libertades a cambio de orden. Y una cuenta que pagan, casi siempre, los mismos que tenían miedo al principio.
Hoy ese camino tiene un modelo regional. En El Salvador, el régimen de excepción vigente desde 2022 encerró a decenas de miles de personas y redujo de forma visible la extorsión de las pandillas en los barrios. Mucha gente lo vivió como una liberación, y es comprensible. El modelo también exhibe cárceles donde miles de cuerpos rapados aparecen en fila para la cámara. Esas imágenes recorren las redes del continente, y lo que venden es una sensación. La de que alguien, por fin, tiene el control.
La receta tampoco tiene un solo color. En 2022 el gobierno de Honduras, que había llegado al poder desde la izquierda, declaró su propio estado de excepción inspirado en el salvadoreño. En México, la Guardia Nacional terminó bajo control militar durante un gobierno que había criticado la militarización. Cuando el miedo aprieta, las banderas se parecen.
Hay una pregunta que esa sensación tapa. Cuando una persona dice mano dura, ¿qué está pidiendo? Si uno escucha con atención, debajo aparecen otras cosas. Que el Estado esté presente. Que la justicia funcione. Que el tendero no tenga que pagar la vacuna. Que la mujer del bus pueda caminar tranquila. Son demandas legítimas, y casi todas son demandas de un Estado que cuide. Pero en muchos lugares el único brazo del Estado que la gente ha visto funcionar es el armado. Pedimos lo que conocemos.
La historia colombiana guarda también otra clase de episodios. En 1990 el M-19 entregó las armas, y sus antiguos combatientes terminaron sentados en la Asamblea que escribió la Constitución de 1991. A un enemigo de ayer se le dio una salida distinta a la muerte. No fue un camino limpio. Carlos Pizarro, su comandante, fue asesinado semanas después de firmar la paz. Pero de ese camino salió una de las constituciones más garantistas del continente, y todavía la estamos usando.
La mujer del bus tiene derecho a su miedo. Nadie debería decirle que está equivocada. Lo que sí podemos preguntarnos, ella y todos nosotros, es esto. Cada vez que en nuestra historia le entregamos el miedo a un salvador, ¿salimos más seguros, o solo salimos más obedientes?
